La Justicia dictó un fallo histórico que suspende la habilitación de nuevos desarrollos inmobiliarios en altura hasta que el Municipio presente estudios de impacto ambiental completos. La resolución confirma y legitima públicamente las denuncias que Sebastián Rovira y la ONG Compromiso con Tigre vienen impulsando desde hace meses sobre la complicidad política, las irregularidades administrativas y el avance descontrolado de las torres en el distrito.
Rovira —concejal electo y referente de Fuerza Patria— fue el primero en poner en agenda la proliferación de emprendimientos en altura.
Mientras la gestión municipal intentaba minimizar el problema, Rovira expuso públicamente los expedientes, llevó el debate a los medios y reunió a vecinos y especialistas, fortaleciendo un reclamo ciudadano que venía siendo ignorado.
El fallo surge del amparo ambiental presentado por Rovira junto a la ONG fundada por Malena Galmarini, Compromiso con Tigre, que desde hace años impulsa una planificación urbana seria y participativa. Hoy, ese trabajo sostenido desemboca en una decisión judicial sin precedentes.
Según la causa, el Municipio estaba próximo a aprobar 106 nuevos emprendimientos en altura en distintos barrios sin contar con los informes obligatorios sobre impacto urbano, social y ambiental.
Durante los últimos meses, vecinos, urbanistas y organizaciones sociales habían manifestado su preocupación por la pérdida de identidad barrial, el colapso del tránsito, la sobrecarga de servicios y la opacidad en los procesos de habilitación.
Sin embargo, los bloques de Zamora y Cernadas mantuvieron una mayoría automática en Urbanismo para aprobar megaemprendimientos sin debate público, un mecanismo que ahora queda severamente cuestionado por la Justicia.
Rovira, ganador en las recientes elecciones, había prometido poner freno al avance desmedido de las torres. Con esta resolución —que llega incluso antes de su asunción— empieza a cumplir uno de los compromisos centrales de su campaña.
Al conocerse el fallo, declaró:
“Este es un primer paso enorme. Ahora vamos por un nuevo código urbano que priorice a los vecinos y no a los funcionarios de turno.”
El fallo judicial no solo suspende habilitaciones: marca un límite institucional al modelo de ciudad que la gestión Zamora intentó profundizar y abre una nueva etapa en la discusión urbana de Tigre.
Por primera vez en años, se abre un proceso donde la Justicia, los vecinos y las organizaciones recuperan protagonismo frente a decisiones discrecionales que definían el territorio sin control ni transparencia.