A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el partido de Tigre recuerda a sus víctimas del terrorismo de Estado. Más de 30.000 personas fueron detenidas-desaparecidas en todo el país. En este distrito, decenas de trabajadores de astilleros, fábricas automotrices y plantas industriales fueron secuestrados, torturados y asesinados por una maquinaria represiva que tuvo en la geografía del norte bonaerense uno de sus epicentros más activos durante la dictadura.
El territorio del horror: una geografía de la represión
El partido de Tigre y sus localidades no fueron un escenario periférico de la dictadura, sino un nodo central de la represión en el conurbano bonaerense. Su condición de distrito industrial, atravesado por el río Luján, el Paraná de las Palmas y el canal San Fernando, lo convirtió en territorio estratégico tanto para la producción como para la represión.
A pocos kilómetros de Don Torcuato se extendía, y se extiende, el predio de Campo de Mayo, la guarnición militar más grande del país, con más de 4.000 hectáreas. Dentro de sus límites funcionó uno de los centros clandestinos de detención más siniestros de la dictadura, conocido como “El Campito” o “El Hospital”. Allí fueron trasladadas y asesinadas cientos de personas, muchas de ellas provenientes del cordón industrial norte: obreros de Astarsa, delegados gremiales de Ford Pacheco, militantes barriales de San Martín, Tigre y José León Suárez. Investigaciones judiciales posteriores determinaron que en Campo de Mayo también funcionó una maternidad clandestina donde nacieron hijos de detenidas-desaparecidas, muchos de los cuales fueron apropiados ilegalmente.
Al sur, la Escuela de Mecánica de la Armada —la ESMA, sobre Avenida del Libertador en Capital Federal— recibió a detenidos del Delta y la zona costera, especialmente militantes de organizaciones políticas y trabajadores portuarios. El Regimiento de Infantería de Marina Nº 3 de La Plata y la Brigada de San Justo completaban el circuito represivo que articulaba los destinos de los secuestrados en la región.
En el propio tejido urbano del partido, la Comisaría 1ª de Tigre —dependiente de la Bonaerense— funcionó como centro de detención ilegal y tortura. Delegados gremiales, docentes, trabajadores de astilleros y familiares de activistas eran llevados allí antes de ser trasladados a destinos desconocidos. El Archivo Nacional de la Memoria y múltiples juicios federales documentaron las torturas sistemáticas que allí se cometieron.
El terror en el cordón industrial
La represión en Tigre no fue azarosa: apuntó con precisión quirúrgica al mundo obrero organizado. Las fábricas del cordón industrial norte —Astarsa, Ford en General Pacheco, astilleros como Vicente Forte— eran escenarios de intensa actividad sindical desde principios de los años setenta.
En Astarsa, empresa naval ubicada en Tigre, la represión comenzó antes del golpe. Grupos paramilitares de la Triple A, con complicidad de la conducción empresaria y de sectores sindicales alineados con el régimen, relevaron legajos y fotografías de los trabajadores más activos para señalizarlos ante las fuerzas represivas. Al menos 60 obreros fueron secuestrados desde 1975, muchos de ellos integrantes de la agrupación interna “José María Alesia”, nombre que homenajeaba a un militante peronista asesinado. La toma de la fábrica en 1973 había demostrado el poder organizativo de esos trabajadores; la dictadura se encargó de desarticularlo con sangre.
En Ford Pacheco, el vínculo entre empresa y represión fue objeto de investigación judicial décadas después. Testimonios de sobrevivientes y documentos internos revelaron que personal de la compañía habría facilitado información sobre delegados a los grupos de tareas. Pedro Troiani, extrabajador y delegado de la planta de General Pacheco, fue secuestrado en abril de 1976 de su propio lugar de trabajo y llevado a un centro clandestino que funcionaba en los quinchos de la empresa. El mismo día de su desaparición, Ford le envió el telegrama de despido.
En el cordón ceramista de Villa Adelina —partido de San Isidro, pero parte del mismo tejido obrero que integra históricamente la zona norte— la represión también tuvo nombre y fecha precisa. Las fábricas Lozadur y Cerámica Cattaneo compartían no solo el rubro sino la militancia sindical de sus trabajadores, y ambas fueron blanco del terrorismo de Estado. En noviembre de 1977, en pleno conflicto sindical, fueron secuestrados de sus domicilios siete delegadas y delegados de base de Lozadur: Ismael Notaliberto, Dominga Crespo, Felicidad Crespo, Ramón Villanueva, Elba Puente Campo, Sofía Cardozo y Francisco Palavecino. Todos siguen desaparecidos. La complicidad patronal quedó expuesta con brutalidad: cuando Lozadur reincorporó a sus trabajadores tras el conflicto, dejó afuera a los siete desaparecidos, registrando su ausencia como una falta ordinaria de asistencia. Sabían perfectamente lo que había ocurrido.
La Comisaría 1ª de Tigre recibía a detenidos ilegales de todo el cordón: delegados de base, docentes secundarios, militantes estudiantiles, familiares de activistas. Era una puerta de entrada al circuito represivo, y pocos que entraron por esa puerta salieron indemnes.
Testimonios de sobrevivientes a la dictadura sangrienta
Walter, militante de la industria naval desde 1973, fue secuestrado el 25 de marzo de 1976 en San Fernando, apenas un día después del golpe. Tenía 24 años. Pasó 52 días en la Comisaría 1ª de Tigre —sometido a golpes, privación del sueño e interrogatorios— antes de ser trasladado a la cárcel de Villa Devoto. Liberado en octubre de ese año, recibió una orden implícita: irse del país. Partió al exilio en Uruguay, desde donde siguió la dictadura a la distancia, sin poder regresar hasta el retorno de la democracia.
Adolfo Sánchez residía en Tigre y trabajaba en la planta de sub-armado de Ford desde 1971, donde integró la comisión interna. Fue arrancado de su casa en la madrugada del 28 de marzo de 1976. Sus secuestradores no mostraron orden alguna. Pasó dos meses en comisarías de Maschwitz y Tigre, luego fue trasladado a penales donde permaneció hasta 1977. Recuperó la libertad sin haber sido juzgado ni imputado de nada. Hoy trabaja como delegado en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Manuel Ludueña, obrero de Astarsa y uno de los pocos sobrevivientes del astillero, fue marcado por un portero de la empresa al bajar del transporte que llevaba a los trabajadores. Lo encerraron encapuchado y lo llevaron a la Comisaría de Tigre, donde fue torturado. Años después, al declarar ante el tribunal, dijo con una serenidad que impacta: “No estoy nervioso, pero quiero que se haga justicia por mis compañeros, soy el único sobreviviente.”
Gloria Beatriz, conocida como “Betty”, fue secuestrada el 29 de mayo de 1976. Sobrevivió hasta fines de julio en la Comisaría 1ª de Tigre. Su esposo, Livio Osvaldo Garay, obrero de Astarsa, había desaparecido semanas antes, en mayo. Su cuerpo fue hallado tiempo después. Betty fue una de las pocas que salió con vida de ese centro; muchos de sus compañeros de cautiverio no tuvieron la misma suerte.
Voces de familiares
Paula Ramírez, hija de Aldo Ramírez, obrero desaparecido de Astarsa, lleva décadas buscando espacios donde su dolor colectivo tenga lugar. “Es difícil encontrar lugares para recordar a nuestros familiares; estos sitios nos reúnen con compañeros”, dice. La acompañan Rufina Gastón, esposa de Aldo, y Manuela Schuppisser, su nieta, la tercera generación que sostiene la memoria de un hombre al que nunca conoció.
Liliana Giovannelli tenía 20 años y llevaba ocho meses casada cuando su compañero Juan Carlos Panizza, delegado de Cerámica Cattaneo, fue secuestrado en su propio lugar de trabajo. Ese día ella llamó a la fábrica porque él no llegaba a casa, y le dijeron que se había retirado. Era mentira: lo habían secuestrado allí mismo. Hoy, a los 67 años, sigue buscando. “Es agotador, porque se nos ha cruzado la vida esto. Cuando perdí a mi compañero tenía 20 años, recién me había casado hacía ocho meses, hoy tengo 67 años y sigo buscando”, dice, con una voz que carga décadas de espera sin respuesta.
Dora Ludueña es esposa de Pablo Villanueva, delegado de Lozadur, secuestrado en noviembre de 1977. Pablo salió del cuarto esa noche y no volvió. Dora estaba embarazada de tres meses.
Los familiares de Ana María Martínez, de Raquel y Jorge Witis encabezan cada año los actos en la Plaza Canal. Este 24 de marzo descubrirán nuevas placas que señalan los nombres de detenidos-desaparecidos del partido, una forma de anclar en el espacio público lo que el Estado terrorista intentó borrar.
Lorena Battistiol: hija de desaparecidos, vecina de Carapachay
Lorena Battistiol creció en Carapachay, partido de Tigre, sabiendo desde pequeña lo que significaba la palabra desaparecido. Sus padres, Juana Colayago y Egidio Battistiol, fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977 y permanecen desaparecidos hasta hoy. Cuando los llevaron, Lorena y su hermana mayor Flavia fueron dejadas en la casa de una vecina y luego entregadas a sus abuelos maternos. Su madre estaba embarazada de seis meses. Ese bebé nació en cautiverio —probablemente en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, a pocos kilómetros de su casa— y su identidad permanece robada. Lorena tiene un hermano o hermana que todavía se busca.
Su abuela, María de Colayago, fue Abuela de Plaza de Mayo. La búsqueda es, para Lorena, una herencia familiar y una obligación colectiva. Hoy se desempeña como directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, y cuando habló en la señalización de Astarsa sus palabras resonaron con el peso de quien sabe de qué habla: “Nuestra obligación es estar acá cumpliendo con todos estos compañeros que tuvieron la valentía, la dignidad y la decisión de ponerse al frente.”
Delia Belardinelli y la Comisión Zona Norte: cuatro décadas sin bajar los brazos
Delia Belardinelli es una de las voces históricas de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, el organismo que desde 1996 sostiene la memoria del cordón industrial norte. En sus palabras no hay resignación, sino una determinación construida a lo largo de décadas: “Nos pasamos 40 años buscando y exigiendo, y vamos a seguir el resto de nuestra vida haciéndolo.”
Delia conoce bien el circuito represivo que operó en la zona: la mayoría de los desaparecidos del partido pasaron por Campo de Mayo, aunque otros terminaron en la ESMA. Conoce los recorridos, los nombres, los destinos. Y tiene claro cómo se sostiene la lucha: “Se sostiene con más lucha, con más caminata, tejiendo redes, porque la lucha es colectiva, se construye entre todos.”
Legado y llamado actual
La Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte nació en 1996, cuando los juicios estaban paralizados por las leyes de impunidad y la memoria pública apenas comenzaba a recuperar fuerzas. Durante tres décadas ha rescatado historias, acompañado a familias, presionado para la señalización de sitios y sostenido la llama de la búsqueda de verdad y justicia.
Gracias a ese trabajo, el municipio de Tigre señaló como sitios de memoria las instalaciones de Astarsa y el predio conocido como “El Silencio”, lugares donde la represión tuvo nombre y apellido. Hoy esos espacios son parte de un circuito de memoria que se recorre, se visita, se enseña.
Este 24 de marzo, el Municipio de Tigre invita a la comunidad a participar de los actos centrales con pañuelos blancos, siluetas y el reconocimiento a jóvenes del programa “Jóvenes y Memoria”. El mensaje de la Comisión es tan urgente como siempre: “La memoria florece para un mundo justo”.
A 50 años, Tigre recuerda porque recordar es resistir. Porque los nombres —Walter, Adolfo Sánchez, Manuel Ludueña, Betty, Aldo Ramírez, Livio Osvaldo Garay, Egidio Battistiol, Juana Colayago, Juan Carlos Panizza, Pablo Villanueva, Ismael Notaliberto, Dominga Crespo, Felicidad Crespo, Ramón Villanueva, Elba Puente Campo, Sofía Cardozo, Francisco Palavecino— no son solo nombres. Son la prueba de que hubo vida antes del terror, y de que esa vida merece ser nombrada, siempre.
Esta nota fue elaborada en base a testimonios directos de sobrevivientes y familiares relevados por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; documentación del Archivo Nacional de la Memoria; expedientes judiciales de los juicios por delitos de lesa humanidad tramitados en el distrito norte bonaerense; registros de Abuelas de Plaza de Mayo; y material periodístico de archivo sobre los juicios a empresas como Ford, Astarsa, Lozadur y Cerámica Cattaneo.