En medio de la discusión en el Poder Legislativo por la reforma laboral que quita herramientas de protección a los trabajadores, la empresa de neumáticos argentina FATE anunció el cierre de su planta en Virreyes y el despido de 920 trabajadores. “Fate S.A.I.C.I comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad de su planta industrial en Virreyes”, indicaron a través de un comunicado.
La empresa, que posee más de 80 años de trayectoria, confirmó que no se trata de un concurso preventivo ni de una reestructuración, sino de un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones, las cuales “se depositarán dentro de un plazo legal”. La decisión se enmarca dentro de la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei y, específicamente, de las importaciones de neumáticos procedentes de China que imposibilitan la competencia. “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros sobre un enfoque diferente” expresaron desde FATE.
Según datos difundidos por la propia empresa, la planta operaba al 25% de su capacidad, con una producción mensual de 150 mil neumáticos, mientras que el 75% del mercado actual se abastece por productos importados, principalmente de origen chino. Previamente, el presidente de la firma, Javier Mandanes Quintanilla, había advertido sobre el “menosprecio al capital nacional” y dificultades crecientes para competir en el actual esquema económico.
La noticia fue recibida esta mañana por los mismos trabajadores en la puerta de la planta mediante una nota previo a ingresar a sus puestos de trabajo. “Tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo” expresan. En ese sentido, Alejandro Crespo, Secretario general de SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) exigió la reapertura de la planta y advirtió sobre el plan de lucha frente a la medida dispuesta por la empresa: “Acá en el neumático vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles para lograr que cada uno de los compañeros vuelva a su puesto de trabajo y se reabra esta fábrica”, expresó Crespo, quien luego denunció que la policía lo retuvo dentro de la fábrica durante varios minutos para que no pueda seguir con su actividad. Además, calificó el cierre como “ilegal” debido a que desde la empresa se habían comprometido a no despedir hasta el 30 de junio y que tiene capacidad para seguir adelante ya que “es uno de los holdings más grandes”.
Frente al conflicto, y ante la falta de respuesta del gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días, retrotrayendo la situación al inicio y dejando sin efecto de manera provisoria los despidos. La medida fue adoptada “a fin de preservar la paz social” y convocó a representantes de SUTNA, aunque la empresa no envió a la audiencia representantes propios. De esta manera, el gobierno provincial interviene en el conflicto para evitar un nuevo cierre de industrias y mayores pérdidas de puestos de trabajo industriales, los cuales ya ascienden a 65.000 en dos años según informa la Unión Industrial Argentina (UIA).
El caso de FATE dista de ser un hecho aislado y se suma a un escenario más amplio de retroceso industrial impulsado por la apertura importadora que lleva adelante el gobierno nacional como modelo económico e impacta significativamente en un sector tan importante en la demanda de empleos como la industria. De este modo, el cierre de la planta no afecta solamente a los 920 empleados afectados, sino también a la cadena de proveedores de la empresa, los comercios locales, la economía regional que trabaja a partir del consumo de estos trabajadores y expone además un riesgo de que esto se repita y extienda en otro tipo de industrias.