La reconocida cadena de bebidas Beer Market cerró 20 de sus locales, incluyendo varios en zona norte, y dejó sin trabajo a cerca de 300 empleados. La noticia golpeó de lleno en Tigre y distritos vecinos, donde muchos trabajadores y sus familias dependían directamente de la actividad de la firma. Contaban con locales en Florida, Victoria, Martínez, San Isidro, Beccar, y en 10 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
El trasfondo del cierre está marcado por una profunda crisis financiera. La compañía venía arrastrando un nivel de deuda incontrolable en un contexto de caída del consumo y aumento sostenido de costos operativos. Esto viene en consonancia con el cese de actividades de varias empresas en zona norte, como es el caso de Fate o Ecopek.
El modelo combinaba grandes locales con estética moderna y una amplia variedad de cervezas, vinos, destilados y bebidas importadas, inspirándose en el formato de “liquor store” estadounidense. Su propuesta apuntaba a volumen, promociones agresivas y un stock amplio, lo que le permitió crecer con rapidez. Sin embargo, esa misma estructura demandaba un alto nivel de financiamiento y una logística constante para sostener la operatoria diaria.
La suma de sus deudas era de aproximadamente $300 millones con Banco Macro y Banco Galicia, además de más de $320 millones con Banco Santander y Banco Nación. La empresa acumulaba 40 cheques rechazados por más de $191 millones y un pasivo bancario que supera los $1.900 millones. De ese total, más de $745 millones se encuentran catalogados en situación de alto riesgo de insolvencia con entidades como el Banco Supervielle, el Banco Provincia y el Bank of China.
Qué pasará con las indemnizaciones de los trabajadores
La comunicación del cierre fue abrupta. Varios empleados relataron que recibieron un mensaje de WhatsApp indicándoles que no debían presentarse a trabajar, y días después fueron convocados para informarles el cese total de actividades. En ese encuentro se les comunicó también que no cobrarán el 100% de las indemnizaciones que establece la ley.
La empresa, operada por Distribuidora BTL SRL, inició un Proceso Preventivo de Crisis, herramienta que permite negociar condiciones especiales en casos de dificultades económicas. En la práctica, según denunciaron trabajadores, se ofrecieron pagos reducidos que en algunos casos rondaría el 50% de lo adeudado.
Uno de los testimonios que trascendió fue el de una empleada con tres años de antigüedad y un salario cercano a $700.000 mensuales, a quien le ofrecieron como compensación el equivalente a dos sueldos básicos incluyendo el mes en curso. La cifra, señalaron, está por debajo de lo que corresponde por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido.
Mientras se discute cómo se resolverán las indemnizaciones y el pago a acreedores, lo concreto es que 300 trabajadores quedaron en la calle y cientos de familias de la zona enfrentan ahora un escenario de incertidumbre. El cierre vuelve a encender las alarmas sobre la situación del empleo comercial en Tigre y alrededores.