El conflicto en la empresa FATE por el cierre de su planta de San Fernando suma esta semana un nuevo episodio. Luego de que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentina (SUTNA) no lograran un acuerdo, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof decidió intervenir y mantener un rol protagónico para destrabar el conflicto.
Por este motivo, se llevará a cabo esta semana una nueva audiencia de conciliación, a pesar de que desde la empresa se resistieron a ello. La audiencia se llevará a cabo este jueves 30 de abril a las 09:00 hs de forma virtual mediante la plataforma Google Meet y busca que la empresa comience nuevamente una etapa de negociación con el sindicato. Como desde la firma ya se habían ausentado a otras convocatorias, la misma incluye la advertencia de severas sanciones legales y económicas en caso de que no se presenten.
Por el momento, desde la empresa de la familia Mandanes Quintanilla adjudican que más del 80% de su planilla original de 920 operarios aceptó las desvinculaciones o los retiros voluntarios, motivo por el que consideran que no tiene sentido una mesa de negociación para reabrir la planta que el pasado 18 de febrero anunció su cierre definitivo. Por este motivo, desde la Dirección Regional Tigre del Ministerio de Trabajo fueron contundentes y en la cédula enviada tanto a la empresa como al sindicato citan los artículos 7 y 8 de la ley 10.149. En estos se establece que “la concurrencia de las partes en la primera audiencia será obligatoria y se efectuará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”. Además, se menciona la existencia de multas, las cuales se incrementarán de forma importante si se constata que haya habido “obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas”.
Si bien las multas establecidas presentan montos muy desactualizados que van desde los $200 a los $5.000 por trabajador afectado, está incluída una cláusula que establece que “en casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el 10% del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento el el mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción”.
En caso de que ello ocurra, aumentaría considerablemente el monto de la multa, que se suma a los embargos por $3.000 millones que tiene la empresa por falta de pagos salariales caídos durante el período de conflicto y que la justicia determinó a mediados de abril.
El gobierno provincial se mete de lleno en el conflicto entre la empresa y el sindicato para lograr destrabar la situación y reabrir las negociaciones sobre el futuro de esta planta tan importante tanto para los trabajadores afectados como para la industria del neumático que influye de manera directa en el sistema de transporte.